La política durante el Porfiriato
Porfirio Díaz creó un sistema político para implementar la estabilidad y control político en el país. Algunos antecedentes de ese sistema se encuentran en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes tuvieron que fortalecer el poder ejecutivo más allá de lo que les permitía la Constitución de 1857, en una situación de lucha entre los propios liberales, divididos en facciones (lerdistas, porfiristas, juaristas e iglesistas).
Juárez había iniciado la negociación con algunos actores políticos, sin embargo, ni él ni Lerdo lograron crear un sistema político. Lo que caracteriza a Porfirio Díaz es la profundización y ampliación del procedimiento iniciado por Juárez: la negociación y la conciliación.
Los elementos del sistema político porfirista son los siguientes:
- · la centralización del poder;
- · la conciliación con los grupos políticos y regionales;
- · la represión en las situaciones de sedición y revuelta;
- · El control sobre los medios y el sistema electoral.
Todo ello encaminado a lograr la estabilidad política, condición indispensable de lo que para Díaz era el objetivo fundamental de su programa de gobierno: el progreso económico.
El sistema porfirista permitió el funcionamiento de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, así como entre el gobierno federal, los estados y los diferentes actores políticos, lográndose con ello la estabilidad suficiente para el impulso del crecimiento económico. Sin embargo, la república democrática establecida en la Constitución (las libertades políticas y la representación popular) estuvo ausente durante el Porfiriato, siempre pospuesto y supeditado al logro del desarrollo económico.
CONCILIACIÓN POLÍTICA PORFIRISTA
Una idea rectora del programa de Díaz fue el progreso material del país, objetivo que implicaba a su vez la paz y la estabilidad como condiciones para el fomento de la economía y la inversión extranjera. Por lo que estuvo dispuesto a ceder privilegios y establecer alianzas con los grupos políticos que había enfrentado en otros tiempos.
En la construcción de este proyecto, Díaz utilizó diversos medios: sus relaciones familiares; el otorgamiento de beneficios económicos como subsidios, puestos públicos; así como reformas políticas (sin transformar la Constitución) y el uso de la fuerza. Sin embargo, nunca dejaron de existir la oposición de grupos políticos, de la prensa y de ciertos sectores del clero mexicano.
A través de la conciliación o negociación, Díaz logró el propósito de mantener cohesionados a los diferentes grupos liberales: los que lo apoyaron en la revuelta de Tuxtepec, así como a los propios lerdistas juaristas e iglesistas. Su matrimonio con Carmen Romero, hija del lerdista Manuel Romero Rubio le permitió la adhesión de este grupo político. Además también atrajo a una parte de los conservadores, sobre todo a miembros de la iglesia católica.
El trato conciliador de Díaz con la Iglesia católica, le redituó la pasividad política y la colaboración de los conservadores católicos, sobre todo de sus miembros más destacados; a cambio la Iglesia aprovechó la tolerancia del gobierno e inició su reestructuración institucional.
Mesa directiva del Partido Católico Nacional.
Centralización del poder
Uno de los elementos principales del sistema político de Díaz lo constituyó la centralización del poder político, que en el ámbito nacional hizo depender los gobiernos estatales y municipales del poder federal central.
La centralización se expresó en el sistema electoral de la siguiente manera: los gobernadores tenían que elegir una representación federal de diputados y senadores al Congreso para apoyar la reelección de Díaz y en compensación ellos podían ejercer pleno dominio político en su territorio local.
Esta práctica se implementó en la distribución de las cuotas de poder a partir de los procesos electorales: los candidatos propietarios a diputados federales y a senadores, en su gran mayoría los imponía Porfirio Díaz a cambio otorgaba a los gobernadores la plena libertad de hacer las listas de candidatos a diputados para los congresos de sus estados y para el tribunal superior de justicia local. Los gobernadores tenían la tarea de garantizar la paz y la estabilidad en sus estados, en la solución de los conflictos de sedición y revuelta prevaleció la intervención federal.
El hecho de que los gobernadores ejercieran un fuerte dominio en su ámbito territorial significó un mayor control sobre la diversidad de los grupos políticos regionales, lo que se fue haciendo cada vez más notorio a partir de 1884, el inicio de la primera reelección de Díaz. En este fortalecimiento del poder local de los gobernadores jugaron un papel importante los jefes políticos, que eran intermediarios de los gobernadores con los municipios, y algunos dependían directamente del mando de Díaz para manipular a los alcaldes en los procesos electorales.
El Palacio Nacional de la ciudad de México durante el aniversario de la batalla de Puebla (1884-1885).
Autoritarismo
Díaz justificó la represión cuando consideró que los actores políticos o sociales habían optado por la sedición o la rebelión, es decir, cuando ya no era posible recurrir a la conciliación o negociación; el otro aspecto de la justificación radicaba en que el objetivo del progreso económiz<co exigía anteponer la paz y la estabilidad a cualquier discordia política o social. Todo podía ser tolerado y negociado excepto la sedición y la revuelta.
La decisión de hacer respetar este elemento del sistema político se demostró en varios momentos del Porfiriato, por ejemplo el fusilamiento de nueve oficiales lerdistas en 1879 por órdenes del gobernador de Veracruz quien a su vez recibió de Díaz la instrucción de “Mátelos en caliente” para castigar la sublevación militar; la represión de rebeliones en el Valle del Yaqui y en Tomóchic, o de las huelgas de los trabajadores de las minas de Cananea, Sonora y los obreros textiles de Río Blanco, Veracruz.
Como en los otros elementos del sistema político de Díaz, también el trato político hacia una parte de la prensa se estructuró en función de asegurar las reelecciones y de evitar rebeliones. Este fue el propósito de la política de subsidios; se ejerció de una forma centralizada desde la Secretaría de Gobernación, los gobernadores recibían los subsidios para periódicos acordes con el gobierno de Díaz.
Líderes de trabajadores mineros que fueron enviados a San Juan de Ulúa, Porfiriato.
Ya desde la primera reelección de Díaz fue notorio el apoyo que recibió de periódicos oficialistas como La Libertad, La Reforma, La Prensa. Algunos, al inicio apoyaron a Díaz pero después se volvieron críticos, como El Ahuizote. Otros periódicos que también favorecieron al gobierno de Díaz fueron los de las colonias extranjeras residentes en nuestro país, que a la vez eran voceros de los inversionistas extranjeros y les interesaba la continuidad del gobierno porfirista.
En los años de 1892 y 1893, como parte de la censura a las posiciones antirreeleccionistas de la prensa, en la capital son clausurados los periódicos El Demócrata, El 93 y La Oposición. A partir de 1900 destaca el periódico Regeneración dirigido por los hermanos Flores Magón. La persecución se intensifica, ejemplo de ello son las aprehensiones de los redactores de El Hijo del Ahuizote y El Alacrán.
“La Aurora de la libertad” Caricatura, El Ahuizote 1876.
Positivismo durante el Porfiriato
La base ideológica más importante del Porfiriato fue el positivismo, corriente filosófica, sociológica e histórica que surge en el siglo XIX, en Francia con August Comte y Emile Durkheim, en Inglaterra con Herbert Spencer, entre otros.
El positivismo es una ideología conservadora que tiene como fin el establecimiento de un “orden” en la sociedad. “El francés Comte opuso a la ideología revolucionaria de libertad sin límite, la idea de una libertad ordenada, de una libertad que sirviera al orden. A la idea de igualdad opuso la idea de jerarquía social. Ningún hombre es igual a otro; todos los hombres tienen un determinado puesto social. Este lugar social estaba determinado por el trabajo y las capacidades de cada uno. Comte considera que es necesario que haya en la sociedad hombres que dirijan y trabajadores que obedezcan.
La sociedad tiene que estar por encima de los intereses de los individuos. En ellas los filósofos y los sabios bien preparados deberán dirigirla dentro del orden más estricto, conduciéndola hacia el progreso más alto. Este ideal de orden social fue traído a México como una política nacional. Una cultura elitista, afrancesada y profundamente avergonzada de nuestra tradición indígena, fue la cultura de la elite, que se recreaba en una pretendida modernidad de la cual habían sido excluidos la mayoría de los mexicanos.” (Martínez Lira, El porfiriato. 5-6).
El positivismo fue introducido en México por Gabino Barreda, Porfirio Parra, Pablo Macedo, Justo Sierra, Joaquín D. Casasús, José Yves Limantour, Emilio Rabasa, entre otros. Los positivistas mexicanos o “científicos” ejercieron una gran influencia en la orientación política y administrativa del gobierno porfirista, ello se debe a que muchos de ellos ascendieron a los más altos niveles de la burocracia y de la escala social y se convirtieron en importantes asesores de Porfirio Díaz.
Señala María Eugenia Martínez Lira: “Los intelectuales porfiristas herederos de Gabino Barreda, hicieron numerosas interpretaciones del porfiriato, que disfrazadas de “ciencia” positiva tendían a justificar el sistema, no solo en el sentido de probar la necesidad histórica de una dictadura ilustrada en un país de analfabetos; sino considerando indispensable que la clase que conociendo la ciencia positiva del buen gobierno, fuera la única autorizada para hacerlo: “los científicos”.
Para los positivistas el orden social y progreso en México no era posible alcanzarla con un gobierno democrático y protector de las libertades individuales, más bien había que hacerlo por la vía de un gobierno fuerte y autoritario, lo que en realidad sería la dictadura.
El gabinete de Porfirio Díaz, conocidos como “los Científicos” (1910).
Universidad autónoma de Querétaro
